Rubén Andino
Publicado en Punto Final Nº 731 / Abril de 2011

La explotación de la mina Pascua Lama por la compañía multinacional Barrick Gold está alterando gravemente el frágil equilibrio ecológico de esta región situada a la puertas del Desierto de Atacama, y pone en peligro la forma de vida y cultura de la población que habita en los márgenes del Río Huasco; cuyo curso podría quedar irreversiblemente contaminado o seco.

La presencia de Barrick Gold en Vallenar, ciudad de 60 mil habitantes, se deja sentir en la publicidad callejera, en los servicios públicos, en el comercio, en las insignias de modernas camionetas 4×4 que transitan raudas por las calles y en espectáculos financiados con franquicias tributarias del Estado. Alguien, con ironía, dijo que la ciudad está “barricktimizada”.

Pascua Lama es un proyecto minero binacional chileno-argentino de Barrick Gold Co., realizado en la zona fronteriza de la Alta Cordillera de los Andes de la Provincia de Huasco, en la Región de Atacama, cerca de los cinco mil metros de altura. Su objetivo es la explotación a tajo abierto de minerales de oro, plata y cobre; el monto de la inversión se estima en más de mil millones de dólares, que la empresa busca recuperar con creces, ya que espera retornos que se elevan sobre veinte veces la inversión inicial en un periodo de 20 años. Se calcula que el yacimiento producirá en ese periodo unos 18 millones de onzas de oro, 731 millones de onzas de plata y 662 millones de libras de cobre.

El Gobierno de Sebastián Piñera ha aprobado todos los estudios de impacto ambiental presentados por Barrick, tal como sucedió antes con los gobiernos de la Concertación. Tampoco se ha visto mayor preocupación de los parlamentarios de la zona. Cuando se suscribió el Tratado Minero Binacional con Argentina, los senadores de la Concertación votaron a favor, con la única excepción de Jorge Lavandero.

Pascua Lama es resistido por ambientalistas, agricultores y buena parte de la población del valle del Huasco. Incluye a comunidades indígenas diaguitas, cuya cultura ancestral está siendo amenazada, sin que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) hayan intervenido.

La faena minera está afectando gravemente la calidad y forma de vida de la población, sus derechos humanos y culturales y el ecosistema; al extremo de que existe el riesgo de un desastre ambiental irreversible y de proporciones catastróficas, que podría secar para siempre las fuentes de agua que abastecen el río. Cualquier explotación minera sobre los tres mil quinientos metros interfiere con las reservas de agua y contamina el recurso.

Situada a la vera del desierto más árido del mundo, la cuenca es extremadamente frágil desde el punto de vista hidrológico; y cualquier alteración, por muy pequeña que sea, repercute fuertemente en el agua disponible.

Agricultura en peligro

Este valle está vinculado desde que existe ocupación humana a la minería y a la agricultura, que usa el agua del Huasco y sus esteros tributarios para crear un oasis que ha permitido florecer la agricultura y ganadería desde el periodo preincaico. El contraste entre los cerros áridos y pedregosos, y el verde de las zonas cultivadas en los suaves lomajes bajos y el valle es fuerte. Abunda la chacarería en pequeña escala y la zona ha gozado de prosperidad gracias a que, por motivos climáticos, sus uvas de mesa de exportación son las primeras que llegan desde el Hemisferio Sur a los hogares de Estados Unidos.

Son alrededor de 1.200 propietarios y sus familias que explotan en conjunto unas 14 mil hectáreas. En la parte alta se produce uva de mesa; en la intermedia y baja, olivos. La mayoría de los productores son pequeños agricultores minifundistas, dueños de una o dos hectáreas, que lograron tecnificar sus plantaciones con riego por goteo en laderas con apoyo del Estado.

El bajo precio del dólar ha creado una situación difícil para los productores y exportadores de uva. En 2010 la divisa bajó de 600 a 560 pesos y en 2011 está a 470 pesos. Con sus ingresos disminuidos, algunos ya han comenzado a vender sus tierras o sus derechos sobre agua para pagar deudas. Horacio Gaytán posee en el valle El Tránsito, comuna de Alto del Carmen, 40 hectáreas de plantadas con uva de exportación y hace dos años fue Presidente de la Junta de Vigilancia de los regantes del Huasco, la institución más representativa de los agricultores de la provincia.

La Junta de Vigilancia vive tensionada por lo que Gaytán llama “las platas malditas”. El Código de Aguas fue modificado durante la dictadura de Pinochet y ello permitió separar esos derechos de agua de los derechos sobre la tierra. Esa nueva realidad hizo posible que las empresas mineras se estén apropiando de los derechos de agua.

Barrick ha cooptado al directorio de la Junta de Vigilancia, aportando 60 millones de dólares. Remesas de 3 millones de dólares son teóricamente entregadas todos los años para proyectos de riego por goteo o para mejorar canales; sin embargo, su destino lo maneja discrecionalmente la empresa a través de un Comité de Administración que controla. La transnacional posee el 40% de las acciones de la Junta, otro 50% está repartido entre todos los otros propietarios y el 10% restante es del Estado.

Luego de esta intervención, la Junta abandonó el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, organización que agrupa a quienes se oponen a la acción de las empresas mineras. Horacio Gaytán agrega: “Nos enfrentamos con la Barrick, pero ellos repartieron dinero a diestra y siniestra. Nuestra agricultura está en decadencia y la empresa engaña a nuestras comunidades con la promesa de crear nuevas fuentes de trabajo”. Conocedor de la Cordillera, afirma que el cien por ciento de los glaciares está en riesgo y que cualquier intervención, por pequeña que sea, perjudicará a la cuenca.

Una opinión similar tiene Jorge Pino, concejal PPD en Vallenar. “Nos dicen que las mineras significan bienestar, desarrollo, capacitación, progreso y educación; pero en realidad nos traen miseria, secan los ríos, los envenenan con químicos y dañan los ecosistemas”.

El Concejal de Vallenar recuerda que la Universidad Católica del Norte, de Antofagasta, entregó un informe sobre Pascua Lama que revela que los glaciares, Toro 1 y Toro 2 y Buena Esperanza ya están destruidos. Añade el estudio que el tranque Santa Juana se abastece con los glaciares de roca, que están incrustados en los desfiladeros de las altas cumbres. Allí la empresa proyecta depositar 1.200 millones de toneladas de desechos; que con el tiempo darían origen a un cerro de 800 metros de altura con base cercana a unas 360 canchas de fútbol. Con los deshielos, el arsénico, usado en la extracción del oro, el plomo y otros residuos tóxicos se filtrarán hacia los glaciares y contaminarán de manera irreversible las reservas de agua.

Jorge Pino recuerda que al anterior alcalde de Vallenar, Juan Horacio Santana, la minera le financiaba proyectos deportivos, culturales y de educación. “Si el Municipio traía un conjunto famoso, la Barrick lo auspiciaba y en los periodos electorales regalaba miles de paquetes. Por eso, jamás protestó por la destrucción de los glaciares. Al actual alcalde, Cristian Tapia, lo apoyamos para sacar al otro, pero Barrick le sigue financiando programas municipales para la microempresa. Le dan a la gente 500 u 800 mil pesos, que son puras dádivas y no resuelven nada”.

También contradice el argumento de que estas grandes mineras crean fuentes de trabajo local y recuerda que en una reciente huelga de varios cientos de trabajadores de Pascua Lama, cuando bajaron a la ciudad; solo cuatro tenían su vivienda en Vallenar, los otros provenían de otros lugares de Chile.

Leonel Ardiles, ex concejal socialista de Alto del Carmen, comuna dónde está emplazada Pascua Lama, dice que la actual alcaldesa, Nora Rojas, era secretaria de la Barrick. La empresa financió su campaña con regalos y una gran logística publicitaria. En la última elección municipal votaron unas 300 personas traídas de otras comunas, que representan cerca del 10% de del total de electores. En un Municipio pequeño, que tiene cerca de 3 mil votantes, 300 votos pueden decidir una elección. Desde que Nora Rojas es alcaldesa, la radioemisora municipal de Alto del Carmen transmite sólo el punto de vista de la minera.

Historial de Barrick

Barrick Gold es primera en la explotación de oro y según informaciones aparecidas en Internet. Su historial incluye prácticas contaminantes y destructivas para el medioambiente, apropiación de tierras y agua, sobreexplotación de recursos naturales, complicidad con autoridades, en los lugares en que opera: Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Chile, Argentina o Tanzania.

Vecinos de la comunidad de Corral, en el valle de San Félix, comuna de Alto del Carmen, están denunciando acciones riesgosas de Barrick que ponen en peligro la seguridad de sus habitantes. Se refieren a problemas de salud como consecuencia de la contaminación y a accidentes al tránsito provocados por maquinaria pesada y camiones que circulan a alta velocidad.

La empresa está utilizando todos los medios que posee para blanquear su imagen, gasta millonarias sumas en publicidad, con las que financia spots en televisión y avisos en las principales radioemisoras de cobertura nacional y regional. También hizo todo lo posible por impedir que la canción “De Pascua Lama”, compuesta por Patricio Manns ganara la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar en febrero de 2011.

En toda la Región de Atacama y especialmente en entorno del Río Huasco, un batallón de profesionales está en terreno para minimizar la oposición local a su intervención. Asistentes sociales, psicólogos, abogados y periodistas trabajan diariamente con juntas de vecinos, escuelas y clubes deportivos, realizando donaciones a destajo. La empresa regala útiles escolares, computadores, otorga becas de estudio, obsequia equipamiento deportivo o financia actividades sociales de las organizaciones comunitarias.

En 2009, contrató a la fundación de Iván Zamorano para realizar con cerca de 200 niños de Vallenar talleres deportivos de verano; y ahora, en marzo de 2011, financió en conjunto con los alcaldes de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco la gira que realizó la compañía Gran Circo Teatro, para presentar en esos cuatro municipios de manera gratuita La Negra Ester.
Para sus detractores, la única posibilidad de detener o mitigar el efecto de Pascua Lama sobre el valle del Huasco es una gran movilización social en la región, en Chile, Argentina y otros lugares del Mundo. Están conscientes de que para lograr resultados tienen que conectar éste con otros conflictos ambientales que existen en el país, como los referidos a las plantas termoeléctricas Castilla y Campiche o las hidroeléctricas de Aysén.

“Seguimos trabajando concejales, organizaciones y personas que integran el Consejo de Defensa del Valle del Huasco y vemos con optimismo como va creciendo la conciencia ambiental. Antes, los que protestábamos no éramos más de diez; ahora somos miles los que salimos a la calle por esta causa”, agrega el concejal Jorge Pino.

Organizaciones ciudadanas de la provincia de Huasco anunciaron recientemente su rechazo a otro megaproyecto para explotar la mina El Morro de la multinacional Goldcorp, que ya logró la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental para producir concentrado de cobre y oro a tajo abierto en el yacimiento La Fortuna. Sus reservas ascienden a 450 millones de toneladas, con una ley de 0,58% de cobre y de 0,47% gramos de oro por tonelada. Procesará cada día 90 mil toneladas, que las que obtendrá 2 mil toneladas diarias de concentrado.

Impulsado por la codicia, el capitalismo ha convertido la alimentación en una industria millonaria. Para maximizar sus ganancias, utiliza de manera creciente productos químicos y transgénicos que dañan la salud del ser humano. Literalmente, a diario estamos comiendo veneno, por la alta toxicidad de algunos componentes de los productos que se consumen. En el mundo cuatro empresas controlan el 80 por ciento de la biotecnología, el 23 por ciento del mercado de los plaguicidas y el 10 por ciento de la producción transgénica. Sus utilidades anuales llegan a la cifra sideral de más de 24 mil millones de dólares.
La reciente denuncia de que Nestlé y Watt’s producen en Chile alimentos contaminados con pesticidas ha puesto en evidencia la falta de regulación y controles sobre la calidad de estos productos, con consecuencias nocivas para la salud de la población y efectos todavía no bien dimensionados para nuestra condición de país exportador de alimentos primarios o industrializados.

Un análisis de la organización de consumidores Liga Ciudadana midió residuos de pesticidas en alimentos procesados que contienen entre sus ingredientes frutas, verduras, hortalizas y/o cereales, a través de un estudio de laboratorio realizado a colados para bebés contaminados con Iprodione, un fungicida tóxico de uso agrícola. El análisis mostró además componentes de la misma naturaleza en una sopa en polvo para adultos mayores del programa “Años Dorados”, del Ministerio de Salud y en un jugo de naranjas Watt’s, que tenía trazas de Carbaryl. La veracidad de los antecedentes detectados fue ratificada por el análisis realizado por el Instituto de Salud Pública (ISP) a las mismas muestras sobre las que se realizó el estudio de la Liga, y por una contramuestra practicada a otros lotes del mismo producto.

La doctora Cecilia Castillo, encargada técnica del estudio en la Liga Ciudadana, afirma que los plaguicidas son usados ampliamente en la agricultura, principalmente en el periodo de cosecha y que sus consecuencias dependen en gran medida de las prácticas productivas y del control de estos procesos. “Si encontramos altos niveles de contaminación en el producto final, podemos presumir que la cantidad de pesticida que entró al proceso inicial de producción era mayor” señala.

Respecto a los efectos, la doctora -pediatra y nutrióloga- precisa que no se trata de que comamos algo y nos afecte al día siguiente. El riesgo es crónico y se manifiesta posteriormente, por acumulación, en trastornos neuro-cognitivos, cánceres y alteraciones de tipo endocrino e histológico. Y las etapas más cruciales en ese sentido son la infancia y el embarazo; porque en los primeros años de vida, el sistema nervioso está en pleno proceso de formación y los niños tienen márgenes mucho más bajos de tolerancia a estas sustancias.

Luego de recibir a los directivos de la Liga Ciudadana, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se comprometió a encargar análisis periódicos a los productos que contienen como ingredientes frutas, verduras u hortalizas, y a establecer a partir de junio de este año normas que regulen la presencia de pesticidas en los alimentos procesados. Para que estos controles y regulaciones surtan efecto se necesita también monitoreo de estos agentes químicos realizados por el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

La denuncia tiene precedentes

La contaminación de productos alimenticios con agroquímicos tóxicos no es nueva. En junio de 2010 otro análisis de residuos encargado por Canal 13 de televisión al laboratorio Andes, ya había revelado que los chilenos estamos consumiendo hortalizas contaminadas con plaguicidas capaces de generar cáncer y otras enfermedades crónicas. En este caso se constató la utilización de plaguicidas que han sido prohibidos en la Unión Europea o clasificados como tóxicos o peligrosos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un conjunto de 36 muestras de espinacas, lechugas, tomates y pimentones adquiridas en la Vega Central y en los supermercados Jumbo y Líder fueron analizadas por el laboratorio Andes Control y el resultado no fue nada alentador. En espinacas, pimentones, lechugas y tomates, el 20 por ciento de la muestra no cumplió la norma chilena sobre Límite Máximo de Residuos de Plaguicidas Permitidos (LMR); aunque la regla nacional es menos exigente que la de países desarrollados. De acuerdo al análisis, un 44 por ciento de los productos examinados no podrían ser consumidas en la Unión Europea y un 61 por ciento no cumplía con las normas vigentes en Estados Unidos.

Según María Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción de Plaguicidas (RAP-Chile), “estamos muy lejos de las normas de Estados Unidos y de los países europeos en materia de control de plaguicidas en alimentos y su denuncia. Existe entre muchos agricultores la práctica habitual de aplicar sobredosis de pesticidas para asegurar su producción”. Recuerda que en un solo ejemplar de tomate se detectaron siete: clortalonil, fenhexamid, tebuconazole, acetamiprid, boscalid, pyraclostrobin, thiametoxam; y en una lechuga ocho: acetamiprid, carbendazim, imidacloprid, metomilo, tiametoxam, tiofanato metil, cihalotrin lambda e iprodione.

Según María Elena Rozas, la situación afecta también a los trabajadores y trabajadoras agrícolas. Las autoridades han decidido ignorar el impacto en los consumidores, ya que en la última década sólo se ha realizado un estudio público de residuos en frutas y hortalizas en 2006, cuyos resultados fueron retenidos por largo tiempo. Los únicos estudios anteriores conocidos los realizaron el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en 1994 y el Instituto de Salud Pública en 1999/2000. Ambos evidenciaron malas prácticas agrícolas y el uso de plaguicidas dañinos para la salud y con efecto cancerígeno.

El doctor Ricardo Uauy, presidente del Comité Científico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y especialista en temas de alimentación, propone instaurar un sistema de vigilancia de inocuidad alimentaria. Enfatiza la necesidad de monitorear de manera regular la contaminación con sustancias tóxicas. Uauy alertó sobre el estudio de Liga Ciudadana e invitó a la autoridad sanitaria a ejercer controles periódicos. Señaló que los efectos de los plaguicidas se dejan sentir tras largo tiempo y que es muy difícil relacionar causa con sus eventuales efectos; lo que se come hoy puede incidir en un futuro cáncer años después. El doctor Uauy enfatiza que Chile está a ciegas en materia de inocuidad y que se deben definir normas que permitan conocer los efectos sobre la salud.

Alimentos de origen animal en lista roja

En la industria productora de alimentos de origen animal es habitual el uso de antibióticos de manera indiscriminada para prevenir epidemias de origen bacteriano que pudieran afectar a cerdos o aves, hacinados en planteles en los que el contagio suele ser vertiginoso. También es frecuente el abuso de antivirales para moderar el efecto de enfermedades como la gripe porcina o aviar. Ambos virus han dado origen a nuevas variantes que han terminado por afectar al ser humano.

Los mismos peligros se ciernen sobre la industria salmonera, en la que también es frecuente el uso de antibióticos y existe la posibilidad de epidemias virales que pueden terminar por afectar a las personas. De manera periódica se sabe de brotes de la anemia infecciosa del salmón (virus ISA) en el sur de Chile. ISA es un virus parecido a la influenza que hasta ahora no afecta a otros peces, especies marinas o a seres humanos; aunque nada asegura que no suceda en el futuro. El virus se presentó por primera vez en Noruega en 1984 y en Chile en 2007, en un centro de cultivo ubicado en la isla Lemuy, Chiloé. El más reciente brote ocurrió en noviembre de 2010 en Puerto Natales, Región de Magallanes.

El director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, considera inaceptable que cada vez que mueren salmones por efecto del ISA, las empresas comercialicen subrepticiamente en forma masiva salmones provenientes de brotes virales. Cárdenas responsabiliza a las autoridades del Servicio Nacional de Pesca de minimizar las violaciones a la normativa que estas empresas realizan en perjuicio de la población.

Transgénicos en la mira

Existe creciente preocupación por la producción y comercialización de alimentos que contienen entre sus ingredientes productos genéticamente modificados, porque no se conocen cabalmente sus efectos para la salud humana y el ecosistema, aunque ya comienzan a vislumbrase algunas consecuencias para la salud.

Los transgénicos son seres vivos del mundo animal o vegetal producidos de manera no natural, que tienen en su composición al menos un gen de otra especie que ha sido introducido mediante un proceso de manipulación genética, para implantar en ese nuevo ser creado por el hombre ciertas características que se desea potenciar, como la resistencia a ciertas enfermedades o su velocidad de crecimiento.

Actualmente el Estado chileno está empeñado en subsidiar proyectos orientados a agregar valor a la producción agropecuaria y para ello está desarrollando, con el apoyo del BID, un Programa Nacional de Biotecnología, que incluye el desarrollo de organismos transgénicos.

Aunque todavía no se comercializan en el mercado interno, el país permite la multiplicación de semillas transgénicas, producidas mayoritariamente por la transnacional Monsanto. Chile es el 5º productor mundial de semillas y el 70 por ciento de esa producción es transgénica. El SAG determina los lugares donde se pueden cultivar para su exportación al Hemisferio Norte, como semillas de contra-temporada. Autorizó en 2010 el cultivo de semillas transgénicas en unas 30 mil hectáreas, e hizo pública una lista con la superficie autorizada en cada región, pero no informó su ubicación exacta. Organizaciones campesinas solicitaron esta información a través del Consejo para la Transparencia, que en julio del año pasado conminó al SAG a entregar la ubicación precisa de los cultivos. Las organizaciones también recurrieron a la justicia y el caso se ventila en tribunales.

La falta de información sobre los lugares en que se producen semillas transgénicas en Chile atenta contra la incipiente agricultura orgánica (sin pesticidas ni transgénicos), ya que estas semillas genéticamente modificadas pueden contaminar esos productos a través de la polinización. También dañan el medioambiente natural, ya que inciden en la reproducción natural de otros vegetales, insectos o microorganismos.

Los vegetales transgénicos se pueden cruzar con sus similares en estado natural y empobrecen de manera irreversible la variabilidad genética. Se dijo que por obra de los transgénicos aumentaría la productividad y disminuiría el uso de pesticidas, pero estos supuestos no se han cumplido. En Uruguay, Brasil o Argentina hubo inicialmente aumento de la productividad y bajó el consumo de pesticidas, pero con el tiempo disminuyó el rendimiento y volvió a incrementarse el uso de pesticidas.

Las empresas dicen que los transgénicos son inocuos, que mejoran el rendimiento y que aportan calidad nutritiva; pero se niegan a rotular su presencia en los alimentos. Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, defiende el derecho de los consumidores a saber y elegir. Por esta razón, exige rotular en los alimentos que se venden el uso de transgénicos. “Sospechamos que cualquier producto que contenga maíz o soya tiene altas posibilidades de ser transgénico. Además, se rumorea que un porcentaje alto del trigo que ingresa a Chile es transgénico y eso nos lleva a la sospecha de que el pan que estaríamos comiendo puede tener componentes de esta naturaleza”.

¿Chile potencia alimentaria?

Terram junto a Cenda y el Canelo de Nos desarrollan el programa Potenciando Ciudadanía, financiado con recursos de la Unión Europea, que busca abrir debate sobre el slogan gubernamental “Chile potencia agroalimentaria y forestal”. Flavia Liberona precisa que en materia de alimentos, el país tiene que producir más calidad y no mayor cantidad, porque nuestra superficie cultivable es muy limitada. Agrega que no se puede hablar de “Chile potencia alimentaria”, cuando se constatan los efectos ambientales asociados a un tipo de producción agrícola, forestal o acuícola que estimula el monocultivo, usa de manera masiva pesticidas y transgénicos y establece condiciones laborales abusivas para sus trabajadore.

La vocera Ena Von Baer habla del “milagro de la reconstrucción” agregando que “durante estos meses hemos trabajado para producir una de las reconstrucciones más increíbles del país”. ¿Mitomanía, delirio de grandeza o los ecos wagnerianos de Deutschland über Alles?

La vivencia de los damnificados es muy distinta.

A ocho meses del terremoto todavía no se construye ni una sola vivienda definitiva en la zona geográfica del siniestro que motivó la interpelación propuesta en la Cámara por el diputado DC Juan Carlos Latorre a la Ministra de Vivienda, Magdalena Matte, por la ineficiente entrega de subsidios. Hasta ahora se han asignado apenas un tercio de los comprometidos para 2010.  

A esta paupérrima realidad se agrega la sospechosa entrega de recursos, vía asignación directa, a constructoras que se reparten territorialmente los fondos de reconstrucción como si fueran sus cotos de caza. Aquellos que criticaban hasta el más leve desliz de la Concertación entregan con descaro a sus amigos los fondos asignados a las víctimas del terremoto. Esta parece ser la regla para el presupuesto 2011.   

En el plano político, la determinación de un Ministro de Corte de reactivar el caso de homicidios del senador Jaime Guzmán sobre la base de extemporáneas declaraciones de dudosa credibilidad del ex Frentista Hernández Norambuena y  la decisión soberana del gobierno argentino de no dar curso a la extradición del ex líder del FPMR, Galvarino Apablaza, fueron utilizada como cortina de humo por el Ejecutivo para quitar impacto mediático a la huelga de hambre de los comuneros mapuche y extraer el máximo provecho al rescate de los mineros.

La marea justiciera desatada fue tan intensa que obligó a que el presidente del PS, Osvaldo Andrade y el senador DC Jorge Pizarro se sumaran en coro a la UDI para considerar la negativa como una afrenta de la República Argentina al Estado de Derecho y la Garantía del Debido Proceso en Chile. Bajo este clima de resulta irrisoria la posibilidad de que Apablaza enfrente un proceso ecuánime en los tribunales chilenos

El siguiente montaje mediático fue la detención del camarógrafo Manuel Olate, a quien el gobierno de colombiano de José Manuel Santos, acusa de ser nexo entre las FARC y la subversión mapuche.

¿Qué pasa,  terminó la tregua y nuevamente los mapuche volvieron a ser terroristas?

Los ciudadanos necesitamos una explicación, pero ¿dónde la  veremos publicada?

El cierre del diario La Nación, él único que no respondía al monopolio ideológico de la prensa, ha sido ignorado sistemáticamente por los medios del binomio monopólico El Mercurio – Copesa. El pacto de silencio se extiende también a la televisión, que omite de manera sistemática las informaciones que puedan perjudicar la imagen del actual gobierno.

Otra curiosidad de la nueva era es la regresión autoritaria de la policía. En la inauguración de la Feria del Libro en el centro cultural Estación Mapocho, un grupo de escoltas de Su Excelencia, vestidos de terno negro, camisa blanca y lentes de sol -en plena noche- golpearon de cinco personas que asistían a la presentación de una obra del Premio Nacional de Literatura, José Miguel Varas, por preguntar en voz alta si el gran despliegue de cámaras, grabadoras y escoltas estaba relacionados con “la nueva forma de gobernar”. Luego de recibir una buena frisca a vista y paciencia de los asistentes, fueron citados al Tribunal, acusados de “transitar en estado de ebriedad en el espacio público”.

El hecho no fue registrado por la prensa.

Rubén Andino

Presidente Liga Ciudadana de Consumidores

El muy publicitado proyecto de  Ley que crea el llamado “Sernac Financiero” parece ser más ruido que nueces; ya que apenas será una dependencia del Servicio Nacional del Consumidor, destinada a buscar una mayor transparencia en el obscuro mercado del crédito y los servicios financieros. Adicionalmente también busca proteger a los usuarios  de los servicios de telecomunicaciones y de transporte público de pasajeros:

En el proceso destinado a dar vida al texto que crea la normativa enviada al Congreso Nacional no fueron consultadas las organizaciones de consumidores o grupos de personas afectadas por los abusos que se busca corregir, confirmando una larga tradición autoritaria de los sucesivos gobiernos chilenos a partir de la restauración de la democracia en 1990.

En el marco de la escuálida institucionalidad existente, la idea del sernac Financiero es sin duda un avance, aunque se trate solo de la creación de una unidad dentro del SERNAC, para orientar a los consumidores y derivar hacia los organizamos correspondientes los reclamos que reciba. Es  importante en ese sentido que algunos funcionarios pasarán a ser ministros de fé pública, con lo cual  podrán certificar ante tribunales las irregularidades de las que conozcan en sus fiscalizaciones. Serán apenas 23 los nuevos cargos destinados a servir las complejas funciones que se agregan al Sernac.

La iniciativa legal autoriza al Servicio para dictar reglamentos para faciliten la ejecución de la ley y le entrega atribuciones para informar a los consumidores sobre el costo real de los servicios que se contratan o bien el costo que le significa poner término anticipado al mismo.  Se trata en la práctica de una reiteración de atribuciones que ya posee el Sernac desde 2004, ya que los proveedores están obligados a proporcionarle  los informes y antecedentes que les solicite. La negativa o retardo en la entrega de la información permite actualmente cursar multas de hasta 200 UTM.

Hoy los proveedores fiscalizados están obligados a entregar al Servicio Nacional del Consumidor la documentación adicional que se les solicite, sin restricciones. En este sentido, el proyecto de ley constituye un retroceso, porque acotará al marco de un manual los antecedentes solicitados, que solo podrán referirse solo a información destinada a que el consumidor pueda tomar sus decisiones. Si el proyecto del gobierno llegara a aprobarse tal como fue enviado, Sernac vería más restringidas sus ya insuficientes atribuciones.

Confiamos en que las dos cámaras del Congreso Nacional consideren en su debate las opiniones de las organizaciones de consumidores y otras que representen a los usuarios del sistema financiero, con el objeto de permitir que la nueva legislación  sea una herramienta eficaz al servicio de millones de víctimas de la catástrofe personal que afecta a quienes han tenido la desgracia de entrar en el laberinto del endeudamiento

Rubén Andino

Publicado en Revista Punto Final Nº 713

“Arrastré por este mundo
la vergüenza de haber sido
y el dolor de ya no ser….”

(Fragmento del Tango Cuesta Abajo de Gardel y Le Pera)

Como en una teleserie, la elección del Partido Socialista se ha convertido en el centro de una trama de truculentas historias que transitan entre lo grotesco y lo absurdo. Durante la fría noche del 30 de junio la Comisión Política resolvió postergar la contienda que debía realizarse el 5 de julio, para el domingo 25.

La resolución llegó tras un confuso y accidentado cabildeo entre los jefes de fracciones y luego de las amenazas del honorable diputado Marcelo Díaz de retirarse de la competencia por falta de garantías para desarrollar el proceso electoral con mínimas condiciones de transparencia y seriedad.

El asunto de fondo no solo tiene que ver con las tres mil fichas de afiliados irregulares por las que el Secretario de Organización ha sido citado a comparecer ante el Tribunal Supremo o con los 650 millones de pesos del patrimonio partidario cuyo destino no ha sido aclarado. Es parte de una crisis larga que se vincula con una sostenida pérdida de identidad, cuyas ramificaciones cancerosas no pueden enfrentarse solo con medidas disciplinarias, burocráticas o administrativas.

El balance de la directiva que antes encabezó Escalona y ahora Rossi es desastroso. Empujó la salida de Jorge Arrate, Marco Enríquez, Alejandro Navarro y un gran número de militantes, fue derrotada en la presidencial, redujo el caudal de votación, perdió dos senadores y cuatro diputados.

La falta de interés de los afiliados por participar en esta elección, tiene su origen en un malestar creciente. Existe desinterés y la retirada de la militancia activa es un proceso silencioso pero constante, provocado por la saturación con un discurso vacuo y una práctica política que no los representa. Un hecho que evidencia la crisis es la existencia de “listas de consenso” en la mayor parte de los comunales, que no se deben a la existencia total acuerdo. Sucede simplemente que pocos se interesan en ocupar cargos de dirección.

Pese a estos síntomas de descomposición, los grupos de poder temen a un Congreso General Extraordinario, porque no están dispuestos a afrontar sus responsabilidades en la derrota; aunque el sentido común indique la inconveniencia de realizar elecciones sin antes abrir un debate que permita analizar responsabilidades, aciertos y errores, para iniciar una rectificación.

Aunque la presente elección se realice, la crisis se seguirá profundizando, porque los dirigentes actuales y quiénes aspiran a reemplazarlos, no quieren un debate que ponga sobre la mesa la urgencia de una refundación del socialismo chileno.

La primera premisa para volver a un reencuentro con los objetivos que dieron sentido a la existencia del PS tiene relación con la necesidad de proponer al país un nuevo modelo de desarrollo económico, político, social y cultural, basado en la expansión los derechos ciudadanos y la disminución de las desigualdades. La segunda está vinculada con el retorno de los dirigentes al trabajo cotidiano en el mundo social organizado, rompiendo así con el distanciamiento causado por la lenta pero inexorable mutación hacia un partido electoralista, caudillista y clientelar.

En las actuales condiciones, la elección interna solo profundizará la crisis y cualquiera sea la dirección que emerja cargará con una sombra de ilegitimidad. En primer lugar porque quienes administran el PS -incluyendo a aquellos que se presentan como alternativa de recambio- se han negado sistemáticamente a debatir nuevas opciones para enfrentar los problemas que importan a la ciudadanía; y porque la actual orgánica carece de una institucionalidad capaz de garantizar una elección transparente y ecuánime.

El viernes 25 de junio asistí al homenaje en la sede de ANEF a dirigentes socialistas asesinados por la DINA. En la ocasión, los únicos integrantes del Comité Central presentes fuimos: Alfonso Guerra, Sergio Salazar, Ana Bell y el que escribe esta columna. No hubo diputados, senadores o ex ministros. Es explicable su ausencia, porque posiblemente muchos de ellos ni siquiera sepan quienes eran Exequiel Ponce, Ricardo Lagos Salinas, Víctor Zerega, Carlos Lorca o Carolina Wiff. Otros simplemente ya no los recuerdan o no quieren acordarse.

¿Hasta cuando seguiremos postergando la definición?

Las denuncias sobre irregularidades en el padrón electoral del Partido Socialista y la decisión de pasar a al Tribunal Supremo a su secretario nacional de organización, Luciano Valle, ponen todavía más en entredicho la legitimidad de sus elecciones internas.

Luego de la derrota presidencial, el malestar no sólo incluye a los que terminaron apoyando a Jorge Arrate o Marco Enríquez, sino a muchos que estuvieron con Frei. Una opinión extendida es que Osvaldo Andrade, Fulvio Rossi, Marcelo Díaz o Alvaro Elizalde son un recambio más aparente que real, que solo sirve de decorado para disimular la incuestionable responsabilidad que tienen Escalona, Schilling y Solari en la victoria de la derecha.

Crece el descontento y la frustración en las filas del partido, pero no existe la fuerza ni la claridad como para ponerlo en sintonía con los intereses y necesidades del mundo popular. Incluso los más críticos se presentan divididos en dos listas que solo se explican por rencillas de poca monta o disputas ideológicas que solo interesan a los iniciados.

En la discusión interna escasea el análisis aterrizado de los problemas de salud, educación, vivienda o regionalización, la preocupación por los bajos salarios, el endeudamiento de los pequeños empresarios, la marginación de los pueblos originarios ni las necesidades de los afectados por el terremoto.

Los candidatos no debaten sobre la unidad de la izquierda o la necesidad de construir un nuevo proyecto de desarrollo que defienda los recursos naturales, resguarde el medio ambiente o disminuya las desigualdades. Tampoco se habla sobre el deterioro de la Concertación ni sobre la necesidad de construir un nuevo conglomerado que integre a todas las fuerzas opositoras.

Existe un profundo abismo entre los intereses de la cúpula dirigente, su base electoral y los temas de interés ciudadano quedan opacados por pequeñas disputas de poder. El partido socialista ha sido vaciado de sus ideas en un lento pero sostenido proceso de reconversión hacia una maquinaria electoral en la que se imponen los intereses de caudillos parlamentarios, alcaldes o concejales que están más preocupados de sus intereses personales que de resolver los problemas de sus electores.

En esta interna socialista habrá menos votantes; aunque es posible que éste no sea un problema para la maquinaria que gobierna, ya que bastará con abultar proporcionalmente la cifra de participantes -una práctica ya utilizada en otras elecciones- para dejar a todos contentos. Más allá de cuantos voten, la realidad dice que los comunales no funcionan y que los militantes no participan de la orgánica formal.

Pero, no todo es negativo. La mayor parte de aquellos que no pisan los locales partidarios, participan de manera activa en juntas vecinales, sindicatos, espacios culturales, colegios profesionales, centros universitarios, grupos de presión y otros variados movimientos sociales. Allí reside la principal reserva moral para la recuperación del PS.

El socialismo chileno no será reconstruido sin un profundo análisis colectivo de la perdida de identidad y sintonía con el pueblo que llevó a la actual crisis, pasando por una severa autocrítica que incluya a jefes de fracciones, parlamentarios, alcaldes y otros mandatarios y a una militancia cómplice, que con su adhesión pasiva, acrítica y sumisa a esta praxis ha legitimado las conductas de sus dirigentes.

No basta ya con denunciar irregularidades, aplazar elecciones, esperar sanciones de un Tribunal Supremo completamente subordinado a los grupos de poder. La crisis del PS es tan profunda y la descomposición de toda su estructura tan extendida que lo único que cabe es una refundación.

Este PS, que sustenta todo su poder en la administración de su patrimonio material, la influencia de su bancada parlamentaria y la popularidad de algunos alcaldes; ha dejado de defender el proyecto histórico libertario, democrático e igualitario que inspiró a sus fundadores y no está representando hoy los intereses de la ciudadanía.

Cualquiera que gane esta elección será un mero administrador de esta crisis, que seguirá profundizándose hasta que “otros hombres (y mujeres) abran las grandes alamedas…” Espero que sea “más temprano que tarde…”

A pesar de una millonaria inyección de recursos públicos a Transantiago; seguimos viendo a las micros amarillas enchuladas contaminando a más no poder con sus viejos motores y chimeneas que escupen sin vergüenza patacones de humo negro ante la mirada de los atónitos transeúntes. Los buses pasan tarde, mal o nunca y por si fuera poco circulan repletos en las horas de punta, desaparecen en los horarios valle y se detienen en los paraderos cuando se les antoja.

También es falaz a campaña del gobierno actual, culpando de todos los males del sistema de transporte público a los evasores, modestos trabajadores que reciben salarios miserables por extenuantes jornadas; quiénes para acceder a sus faenas deben realizar largos viajes y múltiples transbordos.

Piñera quiere poner en conflicto a unos pasajeros contra otros. A unos pobres contra otros pobres; cuando el problema radica en que los grandes operadores privados del sistema de transporte público tienen ganancias aseguradas por prestar un servicio de pésima calidad. Negocio redondo para ellos.

Si el problema son los evasores como dice el gobierno; propongo una solución rápida y a todas luces más barata. Que se otorgue a los trabajadores que reciben el salario mínimo un subsidio permanente de 30 mil pesos mensuales (1.000 pesos diarios) para locomoción, que se reajuste de manera automática cada vez que sube el pasaje.

Sospecho que la evasión disminuiría en una elevada proporción; aunque sigo pensando que el servicio seguiría igual de malo, porque el problema del déficit de Transantiago no son aquellos que no pagan. El asunto de fondo radica en la perversión de un sistema de transporte público ideado para beneficiar a grandes empresarios, sin poner en el centro de sus objetivos el bienestar de los pasajeros.

El modelo esta hecho para esquilmar a los usuarios y consumidores, tal como sucedió antes con las autopistas y carreteras concesionadas, que se han convertido en un negocio casi tan bueno para quienes los administran como son para los bancos los préstamos bancarios o los créditos de consumo las casas comerciales. En todos los casos, el que paga es siempre el pobre Moya.

Tal como dijimos hace tres años, la única solución posible para este elefante inválido es su estatización. Porque tal como está funcionando, a los únicos que sirve es a los grandes operadores privados, que tienen ganancias aseguradas gracias subsidios del Estado que se elevan anualmente a la estratosférica suma de 750 mil millones de pesos.

El proyecto busca mejorar los hábitos alimenticios de los habitantes de la comuna mediante un conjunto de acciones orientadas a facilitar el conocimiento de la población sobre los alimentos más nutritivos y sanos a través de una información ciudadana en lugares de expendio de alimentos y la capacitación a líderes locales de opinión, comerciantes de ferias libres y dueñas (os) de casa, en la perspectiva de convertirlos en efectivos monitores para generar hábitos de consumo mas saludable.

Es conocida la alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en todos los grupos de la población del país y también es sabido que los mayores daños se concentran en comunas de bajos ingresos, en los que el sobrepeso y la obesidad alcanzan cifras preocupantes por los malos hábitos de consumo alimenticio, que llevan al incremento sostenido de males como la diabetes o la hipertensión.

Los chilenos y chilenas tienen acceso durante todo el año a una gran variedad de frutas y verduras estacionales de buena calidad y a bajos precios, que generan buenas oportunidades para los consumidores, que no siempre son aprovechadas como consecuencia del desconocimiento de sus cualidades nutritivas o formas de elaboración a través de recetas que permiten aprovechar de mejor manera todo su potencial nutritivo.

El responsable del proyecto es el Director Ejecutivo de la Liga, Omar Pérez, quien actuará en conjunto con el Presidente la misma organización, Rubén Andino, como encargado de difusión. La doctora Cecilia Castillo, médico pediatra y nutricionista de extensa trayectoria, tendrá a su cargo los aspectos técnicos de “La Buena compra”.

El equipo ejecutor se reunió en la municipalidad con el Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Joaquín, Salvador Retamal, quien se comprometió a prestar toda la colaboración de la extensa red de organizaciones territoriales a esta iniciativa saludable, “señalando que es una contribución efectiva para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos”. Una opinión parecida vertió Laura Quintanilla, Directora de Desarrollo Comunitario de San Joaquín, quien junto al Jefe de Comunicaciones, Javier Cornejo y la encargada de relaciones públicas, Marcela Leiva, comprometieron el respaldo del alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, a esta iniciativa saludable de la Liga Ciudadana. El SERNAC estuvo representado por Orlando Pradenas.

Un estudio realizado en 2009 por la Liga, con apoyo del SERNAC, reveló que la mayoría de los alimentos anunciados en la televisión abierta chilena, no pasan la prueba de la blancura para ser incorporados en una dieta saludable ya que en los avisos predominan los productos con demasiada sal, azúcares y grasas trans, mientras que no existe prácticamente publicidad de verduras y frutas.

La Liga Ciudadana de los Consumidores de Chile inició sus actividades en 2009, orientando su accionar especialmente hacia el consumo saludable de alimentos, la transparencia del mercado financiero en los que se refiere a los créditos de consumo y recientemente ha comenzado a incursionar en la difusión de los derechos de quienes desean acceder a viviendas.

Una vez pasada la emergencia, la reconstrucción exige de una actitud proactiva, solidaria y positiva ante la adversidad y, sobre todo, la unidad y capacidad de trabajo mancomunado en la elaboración de un plan de acción que permita enfrentar las consecuencias permanentes de la emergencia. Los problemas se resuelven mejor cuando todos remamos hacia el mismo lado; pero es difícil actuar de manera unida cuando existe un país profundamente dividido por diferencias sociales que se expresan de manera dramática en el acceso a bienes y servicios básicos, como son: la educación, la salud, la vivienda, el consumo o el ocio, por nombrar algunos.

De manera paralela a aquel que se mide en grados Richter, se esconde la profundidad silenciosa de otro terremoto de carácter político, que afecta por igual a la descompuesta Concertación y a la atomizada Izquierda; con letales efectos de largo plazo sobre la realidad del país, que deben evaluarse con paciencia y apertura mental, antes de iniciar la reconstrucción de fuerzas opositoras, eficaces en su rol de alternativa política.

Para enfrentar este segundo gran sismo se necesita, como en el otro caso, de una actitud positiva ante la adversidad, capacidad para ejercer la crítica y el diálogo, con el objeto de desarrollar crecientes grados de unidad en la acción. Pero, estos cambios no pueden ocurrir sin que exista en primer lugar la capacidad de fijar objetivos y prácticas comunes, generadas a través de un amplio consenso político democrático de las fuerzas opositoras.

Así como la catástrofe sísmica demanda una evaluación autocrítica de errores, como fue en su momento la demora en decretar Estado de Emergencia en las zonas afectadas la no concreción de una oportuna alerta de tsunami; en la política es indispensable que la recién estrenada oposición realice una autocrítica profunda, que evite tropezar en el futuro con los mismos obstáculos que desataron la derrota.

La Izquierda y la Concertación no han realizado hasta ahora un análisis en profundidad que permita detectar y enfrentar las equivocaciones de larga data que permitieron el triunfo de Sebastián Piñera. Prácticas cupulares, autoritarismo, corrupción, soberbia, escaso compromiso, falta de imaginación, y ausencia de un proyecto político y económico, son algunas de las deficiencias que resultan palpables al primer vistazo.

La rearticulación opositora será lenta y estará precedida de una gran recomposición de fuerzas, cuyo resultado es incierto si no se asumen ahora todas las responsabilidades. La unidad no debe realizarse bajo el lema de “borrón y cuenta nueva”, sino sobre la base de un debate profundo, en el que todos los actores relevantes se encuentren en un trabajo común en la calle, la fábrica, la organización social y el territorio.

Entre las rectificaciones que caen de cajón está la reconstrucción de un movimiento social que sea capaz de representar de manera orgánica las demandas populares ante un Estado débil y subsidiario, que tiene escasa capacidad de respuesta ante los problemas de fondo, expresados en la desigualdad, la falta de trabajo digno, las graves carencias en educación y salud o el deterioro del medioambiente, entre muchos otros problemas. cabildos vecinales, encuentros barriales, foros o debates ciudadanos, plebiscitos o encuestas en espacios barriales, centros de estudio, gremios o constituyen iniciativas para enfrentar la primera fase de la reconstrucción del mundo social organizado para que las personas y organizaciones puedan reconocerse e iniciar la defensa de intereses comunes.

La unidad de la oposición no debe ocultar las diferentes tendencias que existen en su interior; porque uno de los motivos del fracaso se refiere precisamente al colapso del social – liberalismo sostenido como un dogma de fe por los gobiernos de la Concertación, que en gran medida vino a ser una prolongación del modelo económico, político y social implementado en la dictadura.

Estos beneficios sociales entregados como una dádiva a los sectores más desprotegidos de la población bajo un esquema paternalista, ha desmovilizado al pueblo mediante una sistemática destrucción de las organizaciones, desatando la pasividad y la sensación de que los problemas solo pueden resolverse a través de soluciones individuales o esperando la ayuda de otros.

El principal problema social de Chile sigue siendo la desigualdad, que constituye un freno para que el país se desarrolle en el plano material y humano; porque –tal como muestra con crudeza el terremoto-; coexisten: una minoría con altos estándares de vida, que puede defenderse sin ayuda de estas desgracias; y una mayoría que vive al borde la indefensión y que colapsa cada vez que la naturaleza se sale de madre o la economía entra en una de sus periódicas crisis.

Debemos modificar profundamente nuestras conductas políticas: terminar con el caudillismo ejercido por alcaldes y parlamentarios que en sus territorios realizan prácticas feudatarias que perpetúan el autoritarismo y el abuso de poder. Los cambios en la política chilena no deben pasar solamente por nuevos rostros; es necesario modificar también dinámicas políticas muy arraigadas y volver a representar de manera genuina las aspiraciones, necesidades e intereses concretos del pueblo.

El terremoto puso en evidencia que en Chile subsiste en amplios sectores una cultura solidaria, que constituye una base firme, sobre la que tenemos el deber de organizar una red social capaz de reconstruir el tejido social desmantelado durante estos 20 años de democracia incompleta.

La izquierda, en conjunto con las otras fuerzas opositoras, debe seguir denunciando las desigualdades e injusticias sociales, reconstruir las organizaciones de base y desarrollar un amplio movimiento destinado a ampliar en el país los espacios democráticos hasta dar vida de una manera participativa a una nueva Constitución Política del Estado.

La tarea es difícil, pero constituye un apasionante desafío colectivo.

Rubén Andino

La confusión reina en la Concertación, acostumbrada a tener un universo de votantes cautivos y fieles, la alianza de gobierno ha quedado en un estado de parálisis como consecuencia del resultado electoral del pasado domingo 13 de diciembre. El 29,6 por ciento de Eduardo Frei Ruiz –Tagle, dejó al candidato a casi 21 puntos porcentuales bajo la línea de flotación, con un adversario de derecha al que le faltan menos de seis puntos para llegar la meta.

El referente de gobierno parece no darse cuenta de la situación; partiendo por el mismo Frei, calificado por Jorge Arrate como un moai, estatua de piedra, inconmovible ante la tragedia de su coalición. Los expertos electorales de la Concertación trazan estrategias para abordar la segunda vuelta, pensando que con algunos cambios cosméticos podrán remontar. Se equivocan.

Estamos en presencia de un enfermo que para sobrevivir necesita del oxígeno que debe conseguir de las otras dos candidaturas que no llegaron a la segunda vuelta; una con una claro perfil de izquierda, la de Arrate, y la otra, de Enríquez – Ominami con una identidad mayoritariamente progresista.

Para lograr los votos que le faltan, Frei debe esforzarse por asumir de manera clara los planteamientos de los candidatos que quedaron en el camino y ofrecer a sus votantes garantía de su sinceridad a la hora de asumir estas propuestas programáticas. Arrate lo dijo clarito, “se acabaron los cheques en blanco” y las propuestas suyas y de Marco están a la vista y publicadas hace largo tiempo. Frei debe asumir aspectos sustantivos de ambas o no será creíble para las mayorías ciudadanas.

Pero, no basta con gestos programáticos.

El pueblo de izquierda que votó por Arrate y los enojados electores que optaron por Enríquez, necesitan señales claras de que la Concertación y sus partidos están dispuestos a asumir la responsabilidad por los errores cometidos. Los presidentes de la DC, Juan Carlos Latorre y del PS, Camilo Escalona, deben dejar sus cargos, porque se coludieron para imponer a Frei, dando la espalda a los intereses del electorado. De otro modo no se explica que el candidato tenga apenas una adhesión ciudadana cercana al 30 por ciento, mientras la presidenta Bachelet bordee el 80 por ciento de popularidad al final de su mandato.

Frei y las huestes concertacionistas deben asumir que ya no son capaces de ofrecer a los chilenos y chilenas una opción de gobernabilidad por sí solas. Cito nuevamente a Arrate, para señalar que Chile necesita “un nuevo pacto democrático”, en el que las ideas políticas, sociales y económicas de izquierda y progresistas deben ser protagónicas, en tanto constituyen la base de una nueva mayoría que permitirá avanzar hacia una democracia más profunda y representativa; que acoja las demandas de

La Concertación debe asumir ahora la iniciativa política para remontar un adverso porcentaje de la primera vuelta y eso obliga a su candidato y a los partidos que lo apoyan a adoptar medidas radicales que vayan más allá de la recordada y mesiánica frase pronunciada por Ricardo Lagos entre la primera y la segunda vuelta de la elección de 2000: “escuché la voz del pueblo”. Entonces le creímos; ahora hace falta más que eso para creerle a Frei.