Rubén Andino

Luego del XXVIII Congreso del Partido Socialista, efectuado en Panimávida entre el viernes14 y el domingo 16 de marzo, la propaganda de la mayoría (Nueva Izquierda, Megatendencia, Tercerismo) se ha empeñado en demostrar que obtuvo una victoria categórica sobre la minoría (Grandes Alamedas y otros sectores); pero el resultado tiene muchas aristas de interpretación, que permiten predecir que la elección interna, programada para el domingo 27 de abril será muy encarnizada.

Una pregunta obvia es ¿quién ganó el Congreso?

Utilizando un término boxeril, podríamos decir que para el oficialismo fue una victoria por puntos y no del todo feliz, si se tiene en cuenta que el presidente del partido, Camilo Escalona, recibió en la inauguración el respaldo de la presidenta Michelle Bachelet y que hubo un prodigioso esfuerzo desplegado en Santiago y regiones por la mayoría de los parlamentarios y funcionarios de gobierno, para reunir al 60 por ciento de los delegados.

Los argumentos del oficialismo (Camilo Escalona, Marcelo Schilling y Ricardo Solari) estuvieron centradas en un apoyo irrestricto al gobierno y en una demonización de sus oponentes internos. El discurso se centró en estigmatizar a sus adversarios como enemigos del Gobierno; y La Moneda parece haber creído este discurso. El mayor logro del oficialismo radica en la aprobación de una Convención para designar el candidato del partido a la Presidencia de la República; opuesta a la idea de primarias (internas o abiertas), planteada por los opositores.

La oposición, que tiene entre sus dirigentes más conocidos a Isabel Allende, Jorge Arrate, Sergio Aguiló, Jaime Gazmuri, Alejandro Navarro, Carlos Ominami, Carlos Moya y Carmen Lazo, logró aglutinar en un sólido bloque minoritario al 40 por ciento de los delegados, quiénes sostienen que una crítica constructiva del partido a la gestión de Gobierno es sana para el país y que no puede confundirse la lealtad con incondicionalidad.

Las fuerzas opositoras se pronunciaron por exigir cambios fundamentales en la conducción de la Concertación y del Gobierno y el voto político, aprobado por la unanimidad de los asistentes, demuestra que más allá del discurso de Escalona, una inmensa mayoría de los delegados al Congreso considera que la gestión del Ejecutivo tiene grandes debilidades; y que deben enfrentarse con urgencia temas como la desigualdad económica, la corrupción, la ineficiencia en la gestión gubernamental y el termino de la exclusión social y política, para impedir que la derecha llegue al gobierno en 2010.

Luego del Congreso, el próximo paso en la disputa por la conducción del PS será la elección interna, en la que se enfrentarán dos bloques bien organizados. El resultado está por verse…

Rubén Andino

Entre el viernes 14 y el domingo 16 de noviembre se realizará en Panimávida el XXVIII Congreso del Partido Socialista de Chile, aquejado de una grave crisis de conducción y ausencia de línea política. Tras dos años, la dirección saliente ha convertido al PS en una cáscara burocrática carente de propuestas y de la proactiva visión de país que exigía la conducción del partido en el contexto del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

El partido ha acentuado su distanciamiento de las organizaciones sociales y se ha consolidado una visión elitista y autoritaria de la administración del poder, que inhibe la presencia de exponentes del mundo popular en la conducción. De ese modo se alimenta el círculo vicioso que reproduce al interior del partido una burocracia estéril y refractaria a la realidad.

La crisis se manifiesta en desorganización, desafección, camarillas y oligarquías políticas. El clientelismo constituye un factor clave en la reproducción de la hegemonía de los grupos de poder. Para el cliente lo que importa es su relación pragmática con el oligarca que pueda garantizarle ciertos beneficios directos; mientras, el proyecto político queda en el olvido.

Bajo esta lógica proliferan los “señores feudales“, que han tomado posesión de territorios en virtud de la investidura gubernamental, municipal o parlamentaria. Ellos interceptan, cuestionan y modifican decisiones de la autoridad política e imponen nombres en toda instancia de la gestión del partido.

¡Basta! El PS debe acercar su organización a la comunidad y facilitar el acceso de dirigentes sociales a sus diferentes sus niveles de dirección, sobre la base de la legitimidad que emana de sus liderazgos de representación popular.

La designación de candidatos para cargo de representación popular debe realizarse mediante elecciones primarias abiertas a la sociedad y quienes ocupan esos cargos deben rendir cuenta periódica de su gestión ante sus electores y contemplar mecanismos de consulta al partido y a sus bases antes de definir su posición ante los temas que aborden en el ejercicio de sus cargos.

No es posible una transformación de gran magnitud sin un movimiento cultural interno, que permita reconvertir al PS en un agente de cambio social, dotado de una efectiva política de formación y promoción de dirigentes, capaces de estimular el acceso igualitario de todos y todas a los cargos dirección partidaria o representación social, sin discriminaciones de edad, sexo u origen social.

Rubén Andino

Hace unos días he leído con estupor que el Secretario General del PS, Marcelo Schilling, ha solicitado la expulsión del Presidente del Regional América del partido, compañero Esteban Silva, como respuesta a una supuesta declaración de adhesión a Ollanta Humala que habrías suscrito a nombre del Partido Socialista de Chile.

¡Que es esto! ¿Una caza de brujas al estilo de los fanáticos religiosos puritanos (ancestros de Georges W. Bush) o parte de una Guerra Santa a favor del pensamiento único?

Cualquiera sea la respuesta, el acto es repudiable y desde mi punto de vista sólo constituye una maniobra de “guerra psicológica” en contra de voces disidentes a la actual mesa del partido, que de esta manera pretende ocultar el fracaso de su gestión.

Pensé que el estalinismo estaba bien muerto y sepultado, pero parece que cada cierto tiempo resucita en cuerpo y espíritu, encarnado en personajes como Schilling, que todavía no se da por enterado de que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y que el disciplinamiento no es el mejor mét0do para resolver las diferencias políticas.

Trecientos dirigentes sociales y políticos, parlamentarios y militantes del PS de todo el país entregaron el domingo 27 de enero una carta al ex Ministro, Presidente del Partido y Embajador, Jorge Arrate, en la que le proponen ser su precandidato a la Presidencia de la República.

En su residencia de la comuna de Ñuñoa, Arrate expresó a una treintena de adherentes que está dispuesto a enfrentar el desafío que significa ser candidato de las “fuerzas de avanzada social” y que en los próximos días responderá por escrito a la propuesta, confirmando su aceptación.

Entregamos a continuación el texto de la carta y la lista de suscriptores iniciales de la misma.

Quienes deseen apoyar la iniciativa pueden enviar su adhesión al correo electrónico: saguilo@congreso.cl , para agregar sus nombres a la lista de firmantes.

Ver carta y lista de firmantes

Viernes 11 de enero de 2008

1.- Los acontecimientos que llevaron a la muerte del joven Matías Catrileo deben abrir un proceso de profunda reflexión y autocrítica en la forma como el Estado chileno y el Gobierno han enfrentado y enfrentan hoy las históricas demandas de nuestros pueblos ancestrales.

2.- La política asistencialista que ha traspasado cerca de 240.000 Hectáreas de tierras agrícolas a las distintas comunidades de pueblos originarios entre los años 1994 y 2003, ha y en particular del pueblo Mapuche hacia el Estado y el Gobierno. demostrado sus serias limitaciones, al tiempo que ha generado una profunda desconfianza de los pueblos originarios

3.- El NO reconocimiento constitucional de los pueblos originarios como el permanente rechazo a la firmas de convenios internacionales muchas veces prometido y jamás cumplido es parte de un diseño de limitar las justas reivindicaciones históricas del pueblo Mapuche que tienen como eje no solo la recuperación de sus tierras ancestrales sino de diversos grados de autonomía respecto al Estado Nacional. La reciente aprobación por la Comisión del Senado del Convenio 169 de la OIT introduce un capítulo interpretativo que desnaturaliza dicho convenio.

4.- El hacer oídos sordos a este clamor que crece día a día entre los pueblos originarios y en particular en el pueblo mapuche ha llevado a reducir y minimizar sus reivindicaciones y a enfrentar las legítimas y nunca escuchadas demandas con una política eminentemente represiva que profundiza aun más la desconfianza hacia las políticas del Gobierno.

5.- La Concertación en el Gobierno no debe olvidar que en distintas fases de la historia de Chile, tanto la DC como el PS propiciamos la Reforma Agraria y en particular el PS promovimos las tomas y la recuperación de tierras para acelerar este proceso que significó la expropiación de más de 10 millones de hectáreas, cinco millones en todo el Gobierno de Frei Montalva y otros cinco millones en solo un año del Gobierno de la Unidad Popular.

6.- Urge entonces abrir un proceso de diálogo real entre el Estado, el Gobierno, y los diversos pueblos originarios, un proceso serio orientado a generar soluciones eficaces en tiempos razonables, soluciones integrales, con la perspectiva de hacer justicia histórica, entre otras cosas acelerando el proceso de devolución de tierras ancestrales a sus legítimos propietarios

7.- Es imprescindible que previamente se desmilitarize la zona de la araucanía y que los culpables de este horrendo asesinato sean juzgados . Es lo menos que podemos hacer, si queremos ser coherentes con el respeto a los derechos humanos, cuando acaban de cumplirse 100 años de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique.

8.-En lo inmediato exigimos al Gobierno atender las demandas de los presos políticos mapuche, expresadas dramáticamente en la Huelga de hambre de Patricia Troncoso. Con sensibilidad y voluntad política es posible generar la solución urgente que se requiere. Si Patricia muere, qué duda cabe que una nueva mártir y una nueva antorcha se encenderá en la tierra de Arauco.

Jorge Arrate

Sergio Aguiló

Patricia Abarzúa

Hugo Bordoli

Rubén Andino

Giuliano López

Rigo Quezada

Rubén Andino

Publicado originalmente el 7 de noviembre de 2008

LA CRITICA AL modelo neoliberal parece lejana a la gente común y algunos la perciben como una letanía de trasnochados izquierdistas. Pero el “capitalismo salvaje”, como lo bautizara el Papa Juan Pablo II, tiene hoy en Chile expresiones tangibles que afectan la vida cotidiana de millones de santiaguinos.

La preeminencia neoliberal en las políticas públicas y sus efectos sobre los hombres y mujeres que van y vienen de sus trabajos, que visitan las postas, que concurren a la escuela, que compran en los supermercados o asisten a actividades de entretención están presentes en Transantiago, proyecto estrella del gobierno de Ricardo Lagos, que ha devenido en un dolor de cabeza para su sucesora, la Presidenta Bachelet.

Los dogmas neoliberales fueron aplicados por tecnócratas, que planificaron y echaron a andar el proyecto con un gran desconocimiento de la realidad. El subsecretario de Transportes, Danilo Núñez, explicó en un matinal de televisión la forma en que se había confeccionado la malla de recorridos, admitiendo que el sistema funcionó perfectamente en las pruebas simuladas que se hicieron antes del 28 de febrero de 2007.

Ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Ricardo Lagos defendió el diseño de Transantiago y centró las culpas en la implementación, es decir en lo obrado por el gobierno actual, sin expresar la más leve autocrítica sobre su propia responsabilidad. Pero Transantiago adolece de una falla de origen. El sistema fue diseñado pensando más en garantizar la rentabilidad de los operadores privados que en cuidar los intereses de los millones de anónimos pasajeros que lo sufren como un cotidiano calvario.

El viejo sistema de transporte era caótico, peligroso y despiadado para empresarios, conductores y usuarios; con más 8 mil buses esparcidos por vertiginosas carreras en la búsqueda de pasajeros; sin embargo, resultó peor el remedio que la enfermedad.

Según la publicidad promocional, Transantiago debía racionalizar el transporte y beneficiar a las personas, como” una propuesta clave del Gobierno para mejorar la calidad de vida de la gente e impulsar la transformación de Santiago en una ciudad de clase mundial…con un aire más limpio y mayor seguridad en las calles”.

Los objetivos del nuevo sistema siguen expuestos en la web de Transantiago como un chiste cruel: “un servicio moderno, confortable y seguro que logrará reducir las externalidades negativas, como la polución del aire, la contaminación acústica y visual, la congestión y los accidentes”. El propósito está tan lejos de la realidad como las plataformas instaladas en los buses articulados para el acceso de los discapacitados, inertes testimonios de lo que pudo ser y no fue.

Hoy existen más demoras y menos buses en las calles (originalmente el sistema debía funcionar con 4.600 y ya estamos en 5.500), tenemos más automóviles circulando, sectores densamente poblados se encuentran al margen de la malla de los recorridos y dentro de los buses y del Metro las personas viajan cual sardinas enlatadas.

Hubo buenas intenciones, pero a la hora de escoger entre el interés público y el privado, el gobierno anterior optó por el segundo. En buenas cuentas prevaleció la necesidad de garantizar la rentabilidad del negocio de los operadores por sobre el interés de las personas.

El modelo fue mal diseñado, planificado, ejecutado y los empresarios que lo operan han demostrado total incapacidad para gestionarlo. En suma, el brazo de la tecnocracia y la mano invisible del mercado no se la pudieron con Transantiago.

Hay que volver a los objetivos primigenios de la iniciativa, con el Estado como operador principal; porque una empresa estatal, Metro de Santiago, es la columna vertebral del transporte de pasajeros en la capital y está absorbiendo las graves deficiencias de todo el sistema.

Una vez más se ha derribado el mito de la eficiencia de los privados y se reedita la regla de oro del modelo, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Los parches sólo harán más lenta y dolorosa la agonía de Transantiago.

Publicado originalmente en septiembre de 2005

Anciano y decrépito el patriarca contempla desde su otoñal y dorada prisión domiciliaria como su querida María Lucía y prole deben enfrentar de manera solitaria los efectos de la investigación judicial que puso en evidencia su fortuna, ganada a fuerza de sangre, sudor y lágrimas. El está seco, aferrado a las manillas de su silla de ruedas y esta frenético. Los mal agradecidos beneficiarios directos de su revolución liberadora, la juventud dorada del régimen: los Nogueira, los Piñera, los Lavín, los Yuraszeck, los Allamand, los Coloma, los Espina y una interminable lista de exitosos empresarios y políticos de la derecha, a los que ayudó a instar en el poder luego de exterminar a los partidarios de Allende, quiénes ahora guardan prudente distancia del Gran Protector de la Patria y su familia cuando caído y está viejo. Sólo el sanguíneo diputado Moreira y el coronel Labbe le siguen fieles.

Operaciones encubiertas en un interminable laberinto de 130 cuentas secretas en bancos internacionales, manejadas por Augusto José Ramón Ugarte, Augusto P. Ugarte, J. Ramón Ugarte, A. Pinochet, Marco P. Hiriart y otros alias por el estilo constituyen la trama para lavar los 26 millones de dólares que el hombre ahorró en su chanchito alcancía de manera paciente desde que llegara a terciarse la banda presidencial. Doña Lucía con soponcio en el Hospital Militar y Marco Antonio preso en Capuchinos.

Pero el botín de guerra resulta escuálido en comparación con el trabajo que hizo a sus mandantes en Chile y el exterior: 3 mil muertos o desaparecidos, al menos 28 mil torturados hasta ahora reconocidos, 100 mil presos políticos, 200 mil desempleados por motivos políticos, 1 millón de exiliados, y 14 millones de “inciliados”, si se me permite inventar un neologismo para designar a quienes debimos soportar toda clase de abusos y pellejerías, como el miedo colectivo, el hambre, la falta de trabajo, la desintegración cultural, la discriminación social, la marginación forzada de más elementales derechos humanos, durante 17 largos años, sin que nadie nos haya reparado hasta ahora.

El pago de Chile, la ingratitud de aquellos que fueron salvados de la inminente irrupción de los rotos allendistas ahora le vuelven la espalda al Tata y se ríen entre dientes de él, mientras disfrutan de sus empresas privatizadas, de sus acciones en la AFP, de sus universidades privadas “sin fines de lucro”.

La privatización de empresas durante la dictadura provocó para el Estado chileno una pérdida de 6.000 millones de dólares, según el informe final de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, entregado el 20 de julio, a partir de la Contraloría General de la República.

El fisco entregó 15.888 inmuebles, Bienes Nacionales, de los cuales 11.000 fueron traspasados directamente a manos privadas. Apenas el 20 por ciento de las tierras expropiadas se mantuvo en poder de campesinos de la Reforma Agraria. La superficie perdida por el Estado a manos de empresarios pinochetistas es equivale a la suma de las regiones de Valparaíso, O`Higgins, Maule y Metropolitana.

La investigación estableció que 725 empresas, que estaban en manos del Estado el día del golpe militar de 1973, fueron vendidas a un precio irrisorio, para ser controladas por grupos económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura. El informe determinó que, por la venta de sólo 30 empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió sobre 2.200 millones de dólares.

La Compañía de Acero del Pacífico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811,5 millones y, la pérdida patrimonial en el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), fue de 261,9 millones de dólares.

Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, asumió la presidencia de Soquimich en 1980. Veinticinco años después, la empresa, que aún preside Ponce, aparece como líder mundial en los negocios de fertilizantes de especialidad, yodo y litio, con 20 filiales en diferentes países y utilidades por 184,9 millones de dólares en 2004. El Estado dejó de percibir también 184 millones de dólares por la venta de la azucarera Iansa, a la que está vinculado el senador independiente pro UDI, Marco Cariola.

La venta de Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, la de Chilgener 171,1 millones de dólares, la de Chilectra de 96,4 millones de dólares y la del Banco de Chile 66,9 millones de dólares.

En octubre de 182, José Yuraszeck ocupó la gerencia general de Chilectra. La empresa ya había sido dividida en las filiales Chilmetro, Chilgener y Chilquinta. Luego de privatizarla y con sólo 2% de la propiedad de Chilectra, Yuraszeck consiguió un crédito de 65 millones de dólares en el Banco del Estado, con el que compró a Corfo un 20% de la empresa. El Estado le dio empleo y poder, le prestó dinero y le vendió las acciones: negocio redondo.

En los ‘80, casi el total de la propiedad “La Tercera” era del Banco del Estado, por una deuda de la familia Picó Cañas. Días antes de la salida de Pinochet, el gerente general del Banco del Estado, Álvaro Bardón, entregó la propiedad de la empresa a Álvaro Saieh y los hermanos Abumohor, a cambio de un crédito blando del Banco Osorno. El grupo Copesa hoy controla los diarios “La Tercera”, “La Cuarta” y “Siete”, la revista “Qué Pasa” y las radios “Duna” y “Zero”. El Presidente del Banco del Estado, Javier Etcheverry, informó que la operación significó un perjuicio de 273 mil UF para el banco.

La Comisión dice: “Fue legal vender sin licitación; que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones pudieran comprarlas; que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociaran cuando se necesitaba. Por lo tanto, todo el proceso privatizador se desarrolló con normas decretadas ad-hoc por una dictadura”.

La Comisión comprobó que quienes controlaron los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones son los tecnócratas que las diseñaron desde la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), o que fueron interventores, como: Julio Ponce Lerou, con el grupo Soquimich; Roberto de Andraca, con el holding CAP; José Yuraszeck, con Endesa, Chilectra, Enersis y Pehuenche; los grupos Hurtado Vicuña y Fernández León, o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano, que hizo su fortuna con las AFP.

Las conclusiones se enviaron al Consejo de Defensa del Estado para que determine responsabilidades penales y la Cámara ofició a la Corfo para que solicite a la Corte Suprema el nombramiento de un Ministro en Visita. La Comisión sugiere a Contraloría el inicio de sumarios y que Corfo exija indemnizaciones.

Según el diputado PS, Carlos Montes, Presidente de la Comisión, la privatización fue posible sólo por la existencia de una dictadura que “no consideró éticamente reprochable que funcionarios de Corfo, pasaran a ser dueños o directores de las empresas privatizadas”.

Las consecuencias de este saqueo de la propiedad pública acarrea hasta hoy graves consecuencias. Grupos empresariales originados en el proceso de privatizaciones se ha convertido en factor principal de la actual concentración del poder económico y político y de la mala distribución de ingresos existente en el país, que tiene a millones en trabajadores percibiendo salarios miserables, jubilaciones indignas o simplemente sufriendo una humillante cesantía.