La privatización de empresas durante la dictadura provocó para el Estado chileno una pérdida de 6.000 millones de dólares, según el informe final de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, entregado el 20 de julio, a partir de la Contraloría General de la República.
El fisco entregó 15.888 inmuebles, Bienes Nacionales, de los cuales 11.000 fueron traspasados directamente a manos privadas. Apenas el 20 por ciento de las tierras expropiadas se mantuvo en poder de campesinos de la Reforma Agraria. La superficie perdida por el Estado a manos de empresarios pinochetistas es equivale a la suma de las regiones de Valparaíso, O`Higgins, Maule y Metropolitana.
La investigación estableció que 725 empresas, que estaban en manos del Estado el día del golpe militar de 1973, fueron vendidas a un precio irrisorio, para ser controladas por grupos económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura. El informe determinó que, por la venta de sólo 30 empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió sobre 2.200 millones de dólares.
La Compañía de Acero del Pacífico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811,5 millones y, la pérdida patrimonial en el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), fue de 261,9 millones de dólares.
Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, asumió la presidencia de Soquimich en 1980. Veinticinco años después, la empresa, que aún preside Ponce, aparece como líder mundial en los negocios de fertilizantes de especialidad, yodo y litio, con 20 filiales en diferentes países y utilidades por 184,9 millones de dólares en 2004. El Estado dejó de percibir también 184 millones de dólares por la venta de la azucarera Iansa, a la que está vinculado el senador independiente pro UDI, Marco Cariola.
La venta de Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, la de Chilgener 171,1 millones de dólares, la de Chilectra de 96,4 millones de dólares y la del Banco de Chile 66,9 millones de dólares.
En octubre de 182, José Yuraszeck ocupó la gerencia general de Chilectra. La empresa ya había sido dividida en las filiales Chilmetro, Chilgener y Chilquinta. Luego de privatizarla y con sólo 2% de la propiedad de Chilectra, Yuraszeck consiguió un crédito de 65 millones de dólares en el Banco del Estado, con el que compró a Corfo un 20% de la empresa. El Estado le dio empleo y poder, le prestó dinero y le vendió las acciones: negocio redondo.
En los ‘80, casi el total de la propiedad “La Tercera” era del Banco del Estado, por una deuda de la familia Picó Cañas. Días antes de la salida de Pinochet, el gerente general del Banco del Estado, Álvaro Bardón, entregó la propiedad de la empresa a Álvaro Saieh y los hermanos Abumohor, a cambio de un crédito blando del Banco Osorno. El grupo Copesa hoy controla los diarios “La Tercera”, “La Cuarta” y “Siete”, la revista “Qué Pasa” y las radios “Duna” y “Zero”. El Presidente del Banco del Estado, Javier Etcheverry, informó que la operación significó un perjuicio de 273 mil UF para el banco.
La Comisión dice: “Fue legal vender sin licitación; que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones pudieran comprarlas; que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociaran cuando se necesitaba. Por lo tanto, todo el proceso privatizador se desarrolló con normas decretadas ad-hoc por una dictadura”.
La Comisión comprobó que quienes controlaron los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones son los tecnócratas que las diseñaron desde la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), o que fueron interventores, como: Julio Ponce Lerou, con el grupo Soquimich; Roberto de Andraca, con el holding CAP; José Yuraszeck, con Endesa, Chilectra, Enersis y Pehuenche; los grupos Hurtado Vicuña y Fernández León, o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano, que hizo su fortuna con las AFP.
Las conclusiones se enviaron al Consejo de Defensa del Estado para que determine responsabilidades penales y la Cámara ofició a la Corfo para que solicite a la Corte Suprema el nombramiento de un Ministro en Visita. La Comisión sugiere a Contraloría el inicio de sumarios y que Corfo exija indemnizaciones.
Según el diputado PS, Carlos Montes, Presidente de la Comisión, la privatización fue posible sólo por la existencia de una dictadura que “no consideró éticamente reprochable que funcionarios de Corfo, pasaran a ser dueños o directores de las empresas privatizadas”.
Las consecuencias de este saqueo de la propiedad pública acarrea hasta hoy graves consecuencias. Grupos empresariales originados en el proceso de privatizaciones se ha convertido en factor principal de la actual concentración del poder económico y político y de la mala distribución de ingresos existente en el país, que tiene a millones en trabajadores percibiendo salarios miserables, jubilaciones indignas o simplemente sufriendo una humillante cesantía.
